§ 26.- FRAUDE DE LEY EN EL ÁMBITO DEL DERECHO INTERREGIONAL

El artículo 16.1 del Código civil no excluye la aplicación de la doctrina del fraude de ley prevista en el artículo 12.4 del Código Civil en el ámbito del Derecho interregional privado, siguiendo a E. ZÁBALO[20], debemos destacar:

La Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril de 1994 apreció la existencia de un fraude de ley en la adquisición de la vecindad civil vizcaína por residencia de dos años por dos cónyuges en virtud de la declaración expresa prevista en el artículo 14.1.2 del Código Civil por entender que la misma no tenía otro objeto que permitir testar eludiendo la aplicación de las legítimas de los descendientes previstas en el Código civil declarando la nulidad de los testamentos en la que nada se dejaba a los hijos del matrimonio, pese ha haber sido otorgados conforme a la ley de su vecindad civil al tiempo de su otorgamiento y ser esta la vecindad civil de éstos al tiempo de su fallecimiento, es decir, conforme a las disposiciones del derecho de Vizcaya.-

DELGADO es crítico con esta sentencia porque los testadores hubiesen podido adquirir la vecindad civil vizcaína por la mera residencia de diez años sin manifestación a contrario, por lo que no tiene sentido presumir en dicha manifestación un fraude de ley, máxime cuando la propia ley la permite.-

2.- Las Sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 27 de abril de 2007 y 17 de marzo de 2008, declaran también la nulidad del testamento notarial ordenado conforme a la Ley Navarra, pero en este caso, no propiamente por un fraude de ley, sino por considerar que se habían falseado las condiciones para adquirir la vecindad civil navarra, no concurriendo realmente los requisitos necesarios para tal adquisición.-

3.- El Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 14 de septiembre de 2009 matiza su postura anterior, y aunque considera aplicable el fraude de ley en el ámbito del derecho interregional, declara que “siempre debe probarse y no puede deducirse del simple hecho de la adquisición de una vecindad civil distinta de la que se ostentaba”.

No obstante, esta sentencia no contempla realmente un supuesto de fraude de ley, sino una determinación errónea de la vecindad civil de la testadora que manifestó que tenía vecindad civil navarra, cuando la había perdido y adquirido la vecindad civil catalana por llevar más de diez años residiendo en Cataluña y no haber formulado declaración relativa a su conservación de la vecindad civil anterior.

Un sector de nuestra doctrina, -así autores como CALATAYUD, ÁLVAREZ GONZÁLEZ o ZÁBALO-, son críticos con la aplicación de la doctrina del fraude de ley en el ámbito del derecho interregional, así en relación al ámbito del derecho de sucesiones ZABALO[21] señala:

1.- El cambio voluntario de vecindad civil está previsto y regulado en el artículo 14.5 del Código Civil, por el simple hecho de la residencia, sin entrar a valorar o ponderar la motivación o finalidad de dicho cambio.-

2.- La ley que determina los derechos legitimarios de los sucesores no queda determinada hasta el momento de su fallecimiento, (ex art. 9.8 del Código Civil), por lo que dichos legitimarios no tienen sino una mera expectativa sucesoria, que puede consolidarse o no y que además fluctúa, por así preverlo la ley, con el cambio de vecindad civil del futuro causante. Dicho de otra forma, el legislador acepta el cambio de las expectativas de los herederos forzosos en función de los cambio de vecindad que hubieran podido acaecer hasta el momento del fallecimiento.

3.- Resulta ilógico que en virtud de la doctrina del fraude de ley se declare la nulidad de actos voluntarios otorgados de conformidad con el sistema legal establecido con el fin de proteger una mera expectativa sucesoria de unos potenciales legitimarios, que carecen a priori de cualquier derecho ex – lege adquirido sobre la herencia-

4.- La doctrina del fraude de ley en el ámbito del derecho interregional no encaja con la presunta igualdad constitucional de los distintos ordenamientos jurídico civiles existentes en España.- (art 13 del Código Civil y 149.1. 8 C.E.)

5.- El Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 15 septiembre de 1996 ha declarado que la “legítima no pertenece a materia protegida por el orden público interno…”

Finalmente, esta visión del fraude de ley en materia de derecho interregional, especialmente en el ámbito del derecho sucesorio, tiene, a nuestro juicio, difícil encaje con la professio iuris que admite y regula el Reglamento de Sucesiones Europeo 650/2012 y que desde el 17 de agosto de 2017 disciplina los conflictos de leyes en materia sucesoria en el ámbito del derecho internacional privado español.-

DELGADO considera que pese a que el artículo 16.1 del Código Civil excluye el fraude de ley, éste no es aplicable en la esfera del Derecho Interregional español, ya que:

1.- La ley imperativa que se trata supuestamente de eludir se trata de un ordenamiento español y el que se trata de aplicar es un otra ley española igualmente legítima, insertada en otro de los ordenamientos civiles también vigentes en España.-

2.- Si se parte del principio de igualdad y paridad entre todos los ordenamientos no puede atribuirse a ninguno de ellos un plus de imperatividad respecto de los demás.-

3.- El propio código Civil en sus artículos 14 y 15 contempla la posibilidad de optar por una u otra vecindad o no adquirir alguna.

CALATAYUD[22] manifiesta que es muy discutible la aplicación del principio de fraude de ley entre leyes de un mismo Estado, máxime cuando se han utilizado los mecanismos de selección de ley aplicable que el propio Estado establece.

Javier Jiménez Cerrajería.-

Bibliografía.- [1] ESPIÑEIRA SOTO, INMACULADA, “Dos pinceladas sobre la vecindad civil”. http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-notarial/varios/pinceladas-sobre-vecindad-civil/[2] VIOLA DEMESTRE, ISABEL “Minoría de edad y computo del plazo de diez años para la adquisición de la vecindad civil por residencia. Comentario a la STSJC 1/2009, de 12 de enero de 2009 http://www.indret.com/es/derecho_de_la_persona_y_familia/17/?&sa=1&fc=48&sn=32: Señala la citada autora que este argumento es recogido por las Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 1995, RJ 1995, 2771, Magistrado Ponente Don Alfonso Barcalá Trillo-Figueroa, 28 de enero de 2000, Cendoj 2000, 46; Magistrado Ponente Don José Ramón Vázquez Sandes y la Sentencia de 21 de septiembre de 2000, OJ 2000, 6614; en su fundamento de Derecho cuarto, Magistrado Ponente Don Luís Martínez-Calcerrada[3]PARRA LUCAN, Mara A, “Derecho de la persona” http://www.unizar.es/derecho_aragones/progcivil/Temas/Edad.htm#_bookmark_19d3100[4] MOREU BALLONGA, José Luis. “El Apéndice Foral Aragonés de 1925 y encrucijadas del Derecho Civil y la cuestión territorial en España” Ivs Fvgit, 15, 2007-2008, pp. 81-124.-[5] SANCHO REBUILLIDA, Francisco de Asís, “La viudedad en la Compilación del Derecho Civil de Aragón” Anuario de Derecho Civil. Tomo XX, fascículo IV. Octubre-diciembre, 1967. Págs. 755-818. https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-1967-40075500818_ANUARIO_DE_DERECHO_CIVIL_La_viudedad_en_la_Compilaci%F3n_del_Derecho_civil_de_Arag%F3n[6] CALATAYUD SIERRA, ADOLFO, “Conflictos de Leyes y efectos del matrimonio” Instituciones de Derecho Privado. Vol 1. Thomson Reuters- Civitas, 2ª ED. Madrid 2015, páginas 952 y siguientes.-[7] BRANCOS NUÑEZ, Enric, “Conflictos de Derecho Internacional e interregional en la sucesión de cónyuges y convivientes”, La Notaria, nº 4, Abril 2002, Colegio Notarial de Cataluña, págs 59 y ss.- [8] DELGADO ECHEVERRÍA, JESÚS. “Comentarios al art 16 C.c”, en Comentarios al Código Civil I, Título Preliminar, coordinados por Joaquín Rams Albesa, Ed. J.M.Bosch Editor, S.A., Barcelona, 2000, págs. 419-436.[9] No obstante, no faltan argumentos jurídicos para sostener que hasta la reforma de 1978 continúa vigente el régimen de unidad jurídica de la familia previsto en el artículo 14.4 del Código Civil. En esta línea el estudio de Ana-Paloma Abarca Junco y Marina Vargas Gómez-Urrutia “Vecindad civil de la mujer casada: nuevas reflexiones en torno a la inconstitucionalidad sobrevenida del artículo 14.4 C.C. y la retroactividad de la constitución en relación a los modos de adquisición de su vecindad civil”. Cuadernos de derecho Transaccional (octubre 2011), Vol 3, nº2 págs. 194-202.[10] ESPIÑERIA SOTO, Inmaculada. “Dos pinceladas sobre vecindad civil”; https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-notarial/varios/pinceladas-sobre-vecindad-civil/[11] FUGARDO ESTEVIL, José María. “Inconstitucionalidad del art. 9.2 CC (D. 1836/1974, de 31 de mayo). Vulneración del derecho a la igualdad conyugal. Designación de la ley nacional del marido para regir supletoriamente el régimen económico matrimonial Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 39/2002 de 14 de febrero. (BOE de 14 de marzo)” La Notaría, número 3, marzo 2002, págs. 19 y siguientes.-[12] IRIARTE ANGEL, J.L:<<Conflictos Internos de Leyes en Materia de Regímenes Económicos Matrimoniales>>. Regímenes Económicos Matrimoniales y Sucesiones, Derecho Común, Foral y Especial, Thomson Civitas, 2008, páginas 565 y ss.[13] RODRÍGUEZ BORRAS, ZÁBALO, ESPIÑEIRA, FONT I SEGURA, entre otros, son críticos con el hecho de que el precepto no contemple como punto de conexión principal la autonomía conflictual y la posibilidad de elección por los cónyuges mediante pacto, que ley quieren que rija los efectos de su matrimonio, que es la solución seguida por la mayoría de los convenios y normas internacionales.-[14] RODRÍGUEZ BORRÁS o ZÁBALO, esta inmutabilidad del régimen económico matrimonial, si bien dota de cierta seguridad y estabilidad, desde un inicio a la ley aplicable al matrimonio, no es menos cierto, que en el caso de que, posteriormente los cónyuge cambien de vecindad civil o pacten un nuevo régimen económico matrimonial, al amparo del artículo 9.3 del Código pueda producirse una importante falta de conexión entre la ley que regula los efectos del matrimonio del cónyuge y los derechos derivados de éste (entre ellos el régimen económico matrimonial primario y los derechos sucesorios del cónyuge), el régimen económico matrimonial de los cónyuges y la ley aplicable a la sucesión del cónyuge premuerto.-[15] Declara que la aplicación del artículo 1320 del Código Civil vendrá determinada por la ley que regule los efectos del matrimonio, que se determinará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 del Código Civil, de lo que se deduce, según ESPIÑEIRA, que las normas que regulan el régimen económico matrimonial primario no son a todos los matrimonios, sino que su aplicación vendrá determinada por la ley reguladora de los efectos del matrimonio.-[16] Considera no aplicable el artículo 1320 en Mallorca, ya que la protección que los artículos 39 y 32 de la Constitución brindan a la familia se puede conseguir de diversas formas y que la regulación del régimen económico matrimonial y en consecuencia el artículo 1320 del Código civil, está dentro del catálogo de materias cuya aplicación general excluye el artículo 13 del código Civil.- [17] Garrido de Palma, V.M, Castiella Rodríguez J.J. y otros “Instituciones de Derecho Privado” Ed Civitas -Thomson Reuters, Madrid, 2015, 2ª Edición.-[18] Hay que tener en cuenta que la Sentencia del Tribunal Constitucional 39/2002 de 14 de febrero declaró que no era admisible considerar que existe un pacto tácito entre los cónyuges de sumisión de los efectos del matrimonio a una determinada ley distinta de la que se derivaría de la aplicación de los puntos de conexión regulados en la ley, derivado –dicho pacto- de la declaración por estos en sus negocios o relaciones con terceros o incluso en la forma de articular los cónyuges sus relaciones personales.[19] DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús. “Comentarios al art 16 C.c”, en Comentarios al Código Civil I, Título Preliminar, coordinados por Joaquín Rams Albesa, Ed. J.M.Bosch Editor, S.A., Barcelona, 2000, págs. 419-436.[20] ZALABO ESCUDERO, E: <<Autonomía de la voluntad, vecindad civil y conflictos de leyes internos>>. Autonomía de la voluntad en el derecho Privado; Estudios en conmemoración al 150 aniversario de la Ley del Notariado. Tomo V, Consejo General del Notariado, Madrid, 2012, pag. 414.-[21] Zábalo Escudero.E .- <<Derecho interregional de sucesiones en España: conflictos y oportunidades>>. Revista Valenciana d´estudis autonómics, número 54, vol 2, págs 228 a 230[22] CALATAYUD SIERRA, A. “Dos sistemas de solución de conflictos: sus diferencias y encaje”, El Nuevo Marco de las Sucesiones internacionales en la Unión Europea”. Madrid 2014, Consejo General del Notariado.-